La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha iniciado el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Esto luego de la reunión del Consejo de Administración de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI-Logística). La misma fue presidida por la presidenta de la APV y contó con la incorporación de nuevos consejeros. Estos incluyen tres representantes de la autoridad portuaria, dos de la Generalitat Valenciana, uno del ayuntamiento de la capital y el último de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que se mantiene en el cargo.
Desarrollo de la ZAL valenciana
El Consejo ha resaltado la importancia de la reciente resolución del Tribunal Supremo, sentencia n.º 441/2024 del 12 de marzo, que ratifica la legalidad del Plan Especial de la ZAL del Puerto de Valencia. Esta decisión elimina la incertidumbre legal y urbanística. A su vez, facilita la formalización de los derechos de superficie en cuatro de las parcelas logísticas del parque.
Por su parte, VPI es una sociedad mercantil estatal, dependiente de la Autoridad Portuaria de Valencia. Está encargada del desarrollo logístico e intermodal asociado a los puertos de la APV. Entre sus funciones también cuenta el promover la comercialización de las Zonas de Actividades Logísticas de los Centros Intermodales y de la propia APV.
Ubicada estratégicamente junto al Puerto de Valencia y los principales nodos de transporte, la ZAL del Puerto de Valencia abarca una superficie de 773.000 metros cuadrados, dedicados exclusivamente a actividades logísticas. Este espacio se divide en nueve parcelas destinadas al almacenamiento, ensamblaje y distribución de mercancías. Es decir, es un área de alto interés para empresas ligadas al tráfico marítimo y que buscan establecer centros de distribución de proyección internacional.
Dos décadas de litigios
La ZAL se encuentra en la pedanía de La Punta, en un terreno que antes era agrícola y que ha estado paralizado durante más de dos décadas debido a litigios por la oposición de vecinos y ciudadanos al proyecto. Inicialmente urbanizado en 1999, el primer Plan Especial fue anulado por el Tribunal Supremo diez años después. En ese momento, las obras ya estaban en marcha, lo que generó controversias y desalojos.
En 2018, la Generalitat, bajo la presidencia de Ximo Puig, impulsó un nuevo Plan Especial para reactivar la ZAL, que fue impugnado por colectivos vecinales. Cuatro años después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio la razón a los demandantes. Sin embargo, el Supremo revocó esta decisión, allanando el camino para la reactivación del plan. Entre las razones esgrimidas para el fallo, el Supremo consideró que la zona ya estaba urbanizada y no podía volver a ser destinada a uso agrícola.
