La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha dado un paso firme hacia la transformación de su flota mercante con la introducción de una política de cero tolerancia frente al uso indebido de su bandera. A través de esta nueva iniciativa, el país busca no solo fortalecer su reputación internacional, sino también asegurarse de que las embarcaciones que navegan bajo su enseña lo hagan de manera responsable y sostenible.
Un compromiso con la renovación de la flota
Rina Berrocal, directora general encargada de Marina Mercante, expresa que la visión de Panamá es tener una flota renovada, compuesta por naves más jóvenes y que utilicen energías limpias. Esto responde a la necesidad de modernizar la flota y adaptarse a los estándares globales que cada día son más exigentes. La AMP planea implementar protocolos más eficaces para cancelar el registro de las naves que no cumplan con estos estándares o que tengan antecedentes problemáticos. Esto incluye un mayor monitoreo de las embarcaciones y la necesidad de actualizar regularmente los datos correspondientes.
La dirección de la AMP ha dejado claro que pretenden hacer de este compromiso con la sostenibilidad y la legalidad, una prioridad. Con medidas como estas, Panamá busca estar a la vanguardia del registro marítimo internacional, manteniendo su tradición de más de 100 años en la industria.
Herramientas para combatir el uso indebido
Para respaldar esta política, la AMP ha adoptado varias herramientas regulatorias, destacando el Decreto Ejecutivo No. 512 de 2024 y la Resolución No. 106-003-DGMM del 3 de enero de 2025. Estas normativas permiten que, en caso de que una nave o su propietario aparezcan en listas de sanciones internacionales, se inicie un proceso de cancelación inmediata.
Desde que se implementó este decreto, 125 buques han sido objeto de acciones, de los cuales se han cancelado ya 107. Este es un resultado positivo que refleja el rigor de la nueva política. Entre las embarcaciones que fueron retiradas, 83 estaban en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, mientras que otros 32 figuraban en la lista de advertencia de la Unión Europea, y 10 más en las listas de sanciones del Reino Unido. Esto demuestra que Panamá está tomando en serio su compromiso de limpiar su registro marítimo de cualquier actividad ilícita.
Otras regulaciones en acción
Además del Decreto Ejecutivo N° 512, Panamá aplica otras normativas que permiten la cancelación de embarcaciones relacionadas con actividades criminales. El Artículo 49 de la Ley General de Marina Mercante (Ley N° 57 de 2008) establece que se cancelará el registro de un buque si se utiliza para el contrabando, comercio ilegal, piratería u otros delitos.
Por otro lado, otros decretos, como el No. 245 del 21 de noviembre de 2022, se enfocan en actividades pesqueras y buscan actuar contra embarcaciones involucradas en la pesca ilegal y otras actividades no reglamentadas. Asimismo, el Decreto Ejecutivo No. 32 de 2018 se dirige al financiamiento del terrorismo, mostrando que el país no se detiene en su lucha por mantener la legalidad en su mar.
La importancia de la colaboración internacional
La AMP sabe que, para tener éxito, es crucial trabajar en conjunto con otras jurisdicciones y agencias internacionales. Las sanciones y listas mencionadas anteriormente son fruto de la colaboración entre países, que comparten información y estrategias para abordar los problemas que afectan al comercio marítimo global.
Las acciones de Panamá siguen en línea con los convenios internacionales que rigen la jurisdicción marítima. De esta manera, el país se asegura de que sus acciones no solo sean efectivas, sino también alineadas con las expectativas del ámbito internacional.
Conclusiones y expectativas
A medida que Panamá implementa estas medidas, es evidente que su objetivo es claro: mantener una flota mercante respetable, responsable y altamente competitiva. La política de cero tolerancia no solo es un acto de justicia hacia las embarcaciones que cumplen con la ley, sino también un acto de responsabilidad hacia el medio ambiente y la comunidad marítima global.
Con la adopción de estas normativas, Panamá busca posicionarse como un líder en la administración marítima, creando un entorno donde las embarcaciones ilegales y contaminantes no tengan cabida. La AMP se compromete a seguir trabajando en este sentido, ajustando sus regulaciones y procedimientos para adaptarse a un mundo en constante cambio.
En resumen, gracias a estas acciones, Panamá no solo da un paso hacia la renovación de su flota, sino que también refuerza su consideración en el escenario marítimo global, actuando de manera decidida contra el uso indebido de su bandera.
