España está trabajando para que el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la Unión Europea (UE), que grava las emisiones de CO2 en el transporte marítimo de mercancías, no genere una desventaja competitiva para los puertos europeos. Esto respecto a países vecinos que puedan contar con estándares medioambientales menos exigentes. Propone que sean los contenedores y no los barcos los que paguen este gravamen.
Las embarcaciones que cubren rutas dentro de la Unión Europea deben pagar el 100% del CO2 emitido, según el precio de mercado que proyecte el ETS, mientras que las que llegan a la UE desde otras jurisdicciones están obligadas a pagar el 50%. España y otros nueve países firmantes advierten del riesgo de que los transportistas trasladen sus operaciones a puertos no comunitarios de Argelia, Marruecos, el Reino Unido, Noruega e Islandia, o incluso a Rusia si cambia la situación geopolítica.
Equilibrio en transporte marítimo
A juicio del ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el efecto del sistema sería perjudicial. “El efecto sería perverso, porque perderíamos tráfico en nuestros puertos sin evitar las emisiones”, explicó el ministro al llegar a un consejo de ministros de Transportes de la UE en Luxemburgo. “El barco que se ubique en otro puerto para hacer sus tránsitos, es muy probable que no lo recuperemos”, agregó.
Por su parte, la Comisión Europea pide paciencia a España y a los otros países que reclaman una revisión urgente del sistema ETS para el transporte marítimo. “Llevamos cinco meses aplicando el ETS en su última versión y puede ser muy pronto para llegar a conclusiones”, indicó Magda Kopczynska, directora general de Transportes de la Comisión Europea, en un debate de ministros en Luxemburgo.
Sin embargo, desde España explican que un carguero que viaja de Shanghái a Algeciras recorre unas 10.300 millas náuticas y debería pagar el 50% del CO2 que emita. Sin embargo, la normativa actual permite que el buque atraque primero en Marruecos, sin tasa de emisiones, redistribuya los contenedores en barcos más pequeños que solo pagarán por el CO2 emitido en las últimas 15 millas náuticas hasta Algeciras.
España propone llevar el problema ante la Organización Marítima Internacional (OMI) con el objetivo de que todo el tráfico de mercancías en el planeta pague impuestos climáticos. España no cuestiona la necesidad de gravar las emisiones y considera que el compromiso medioambiental debe ser claro y fuerte.
Análisis
España aboga por un “análisis detallado y exhaustivo de los datos de los puertos en los que se puede producir esa fuga de carbono y de qué puertos potencialmente van a recibir esos tráficos”, con la intención de adelantar la revisión de la normativa que está prevista para 2026, lo que implicaría cambios hacia 2028.
Actualmente, el mercado está “distorsionado” porque los puertos españoles están en un momento de “gran crecimiento y de crecimiento súbito” de hasta el 40%, absorbiendo trayectos que evitan el mar Rojo debido a la situación en Ucrania y privilegiando rutas por el cabo de Buena Esperanza en el sur de África.
